En un país con cerca de cinco millones de parados en el que la cobertura por desempleo sólo cubre al 53,2% del total de desempleados y donde el 22% de la población está en riesgo de pobreza, -un porcentaje que alcanza el 28% para los menores de 16 años y al 44,8% de las personas en situación de desempleo-, una prestación de ingresos mínimos es una medida de dignidad colectiva.
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